San Vicente, El Salvador — Un tribunal de Sentencia de El Salvador declaró este jueves “en rebeldía” a cinco líderes comunitarios y ambientalistas, y ordenó su captura inmediata por su presunta participación en un homicidio ocurrido en 1989, durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
Los acusados, todos miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), son reconocidos por su lucha contra la minería metálica en la comunidad de Santa Marta, al norte del país, y habían decidido no presentarse al juicio reprogramado para el 9 de abril, alegando falta de garantías procesales y la politización del caso.
Acusados con amplio historial de activismo social
Los procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco y Saúl Rivas, todos residentes de la comunidad Santa Marta. La orden judicial también incluye a Fidel Recinos, ajeno a la comunidad, y a dos exdirigentes históricos: Eduardo Sancho, conocido como “Fermán Cienfuegos” y firmante de los Acuerdos de Paz de 1992, y Arturo Serrano Ascencio.
Pese a la orden de arresto emitida por el tribunal, la captura aún no se ha ejecutado, confirmaron fuentes de organizaciones de derechos humanos en el país.
Un caso reabierto en medio de tensiones sociales
La Fiscalía General acusa a los líderes de haber sido excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de haber participado en el asesinato de María Inés Alvarenga Leiva en 1989. El caso fue reabierto en 2023, y aunque en octubre de 2024 un juez decretó el sobreseimiento definitivo, una corte de apelaciones revirtió esa decisión, reactivando el proceso penal.
El expediente judicial se mantiene bajo reserva total, y hasta el momento la Fiscalía no ha revelado pruebas concretas ni detalles de la acusación.
Denuncian criminalización del activismo ambiental
Organismos de derechos humanos y movimientos ambientalistas han calificado el proceso como un intento de criminalizar el liderazgo comunitario y el activismo contra la minería metálica, en una comunidad que históricamente ha resistido proyectos extractivistas en la región de Cabañas.
“Este juicio reaviva heridas del conflicto armado y pone en riesgo los logros alcanzados tras los Acuerdos de Paz”, señaló un representante de ADES en un comunicado reciente.
El juicio está previsto para el próximo 9 de abril, mientras diversas organizaciones nacionales e internacionales se preparan para acompañar y documentar el proceso.
