La tensión diplomática entre Estados Unidos y España se ha elevado al máximo. El Gobierno estadounidense ha dado un plazo fatal al Ejecutivo de Pedro Sánchez: antes de que termine el mes, debe romper todo vínculo con la empresa china Huawei o se reducirá drásticamente el intercambio de información clasificada, considerado vital para la seguridad nacional y para la cooperación en la OTAN.
La advertencia llegó tras revelarse que Huawei ha recibido más de 12,3 millones de euros en contratos para suministrar servidores y servicios al Ministerio del Interior español. En Washington, el hecho ha encendido las alarmas por los riesgos de espionaje que, según la ley china, obligarían a la compañía a entregar datos al Partido Comunista.
La directora de Inteligencia Nacional de EE. UU., Tulsi Gabbard, ha iniciado una investigación sobre los contratos por posibles vínculos con los servicios de inteligencia chinos. En una carta dirigida al Gobierno español, advirtió: “A finales de mes tendrá un informe que, de concluir que esos contratos se mantienen, derivará en una notable limitación del flujo de inteligencia compartida, crucial para las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas”.
Un informe de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre EE. UU. y China, fechado el 5 de agosto, alerta de que “parte de esas escuchas podrían acabar almacenadas en el sistema gestionado por Huawei” si España mantiene el acuerdo, comprometiendo así la seguridad de datos no solo para Estados Unidos, sino para toda la Unión Europea.
La revisión de la relación con España se inició tras una carta enviada por los congresistas Tom Cotton y Rick Crawford, influyentes en las comisiones de Inteligencia, que pidieron una “revisión inmediata de la cooperación con España” y advirtieron del “riesgo que supone para la seguridad occidental la adjudicación de contratos a Huawei”.
Aunque España excluyó a Huawei de las redes 5G, el Gobierno de Sánchez permitió que la firma participe en el almacenamiento de escuchas judiciales, un material altamente sensible. Este hecho, sumado a la reciente visita del presidente español a Pekín para estrechar lazos con China en áreas como los vehículos eléctricos y energías renovables, ha despertado dudas y recelos entre los socios europeos y de la OTAN.
Desde Washington insisten: si España no sigue la línea de excluir proveedores de “alto riesgo”, toda información compartida podría llegar filtrada, eliminando detalles que pudieran ser explotados por Pekín. El Ejecutivo español, por su parte, alega que la propuesta de Huawei fue la más económica y que la ley lo obligaba a aceptarla, aunque las críticas apuntan a la ausencia de cláusulas de seguridad en el contrato.
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