SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aclaró que el reportaje titulado “El otro Senasa: nutrición y diálisis, RD$13 mil millones bajo contratos de excepción en el SNS”, publicado por el periódico Panorama, contiene interpretaciones que distorsionan la naturaleza jurídica de los procedimientos de exclusividad y pueden generar percepciones erróneas sobre su legalidad y alcance.
El órgano rector explicó que los procesos utilizados por el Servicio Nacional de Salud (SNS) no constituyen actuaciones discrecionales ni arbitrarias, sino la aplicación de la modalidad de exclusividad prevista en la Ley Núm. 340-06 y en el artículo 3 de su Reglamento de Aplicación Núm. 543-12. Esta normativa reconoce la existencia de procedimientos especiales de contratación que pueden emplearse de manera excepcional cuando la naturaleza del bien o servicio así lo exige.
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, precisó que resulta técnicamente incorrecto afirmar que la modalidad de exclusividad evita la licitación abierta bajo el supuesto de que solo un proveedor puede ofrecer el servicio. Indicó que la ley no condiciona esta figura a la existencia de un único proveedor, sino a la verificación de que el bien o servicio solo puede ser ofrecido por un número limitado de oferentes con capacidad técnica instalada.
La institución señaló que los servicios de nutrición parenteral y diálisis corresponden a sectores de alta complejidad médica, con elevados requisitos técnicos, logísticos y regulatorios, lo que limita la cantidad de proveedores capaces de garantizar continuidad, calidad y seguridad en la prestación.
Asimismo, la DGCP informó que los procesos del SNS incluyeron mecanismos de publicidad, como llamados a manifestación de interés, con el objetivo de verificar la existencia real de oferentes en el mercado, aclarando que dichos instrumentos no fueron excluyentes.
El órgano rector reiteró que ha evaluado recursos administrativos vinculados a estos procesos, determinando que la exclusividad estuvo debidamente justificada y que no se evidenciaron violaciones a los principios de contratación pública.
La DGCP reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la correcta aplicación del marco normativo, destacando que el rigor técnico y jurídico es esencial para garantizar la adecuada gestión de los recursos públicos.
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