Santo Domingo, R.D. – El ingeniero industrial Alfonso Ureña, quien además se desempeña como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó su preocupación por lo que calificó como una “grave permisividad institucional” frente a intervenciones que comprometen la sostenibilidad de importantes recursos naturales en la cuenca del río Nizao, particularmente en la provincia de San José de Ocoa.
Durante su participación en el programa Chic Chat, conducido por la comunicadora Carolina Abreu en el canal La Tora TV, canal 69, el dirigente político denunció que, mientras el Ministerio de Medio Ambiente ha mantenido por años una política restrictiva hacia las actividades agropecuarias en la cuenca alta del Nizao, actualmente se estarían autorizando o tolerando proyectos en la cuenca media que han generado un impacto negativo directo en varios arroyos tributarios del afluente.
Ureña citó específicamente el caso del proyecto de plantación de aguacates, conocido como la finca de Tota, ubicado en la periferia del arroyo La Ciénaga, donde se han registrado talas considerables de árboles nativos y endémicos. Según indicó, esta finca sería propiedad del exsenador Pedro Alegría.
Asimismo, denunció que en el marco de la construcción de la carretera Nizao–Rancho Arriba, las autoridades habrían permitido que los materiales excavados fueran depositados en el cauce del río Nizao, en el sector conocido como Los González, lo que representa una amenaza directa para la calidad del agua y la operación de la presa de Jigüey.
De igual forma, Ureña se refirió a la construcción de un reservorio en la loma de La Cruz, por parte del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), obra que —afirmó— se ejecuta sin estudios de impacto ambiental ni evaluaciones geológicas, en un área declarada Reserva Natural y catalogada como de alta sensibilidad ecológica, además de ubicarse sobre una zona con historial de actividad sísmica.
El dirigente del PLD reiteró que estas acciones contradicen lo establecido en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 202-04 sobre Áreas Protegidas, así como la Ley 176-07 sobre organización municipal, al tiempo que exhortó a las autoridades a revisar los permisos otorgados y suspender toda intervención que no cuente con los estudios y certificaciones correspondientes.
