El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, presentó este lunes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el presunto delito de abuso de autoridad, luego de que el mandatario afirmara públicamente que él “tomó la decisión” de que la exmandataria fuera encarcelada.
Según el escrito judicial, al que tuvo acceso la agencia EFE, Dalbón sostiene que Milei violó el artículo 248 del Código Penal argentino, al atribuirse una facultad que corresponde exclusivamente al Poder Judicial.
“Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, declaró Milei durante una entrevista televisiva emitida el domingo por el canal La Nación+.
“Confesión pública de un acto ilegal”
El abogado calificó las palabras del presidente como una “confesión pública de un acto de autoridad ilegal”, subrayando que “la atribución de ordenar detenciones corresponde únicamente a los jueces”. En su denuncia, Dalbón argumenta que Milei violó su deber constitucional de no intervenir en causas judiciales, incurriendo en una falta de “gravedad institucional”.
El jurista solicitó además que el presidente sea citado a indagatoria y que se remita una copia de la denuncia a la Cámara de Diputados, para evaluar un eventual juicio político.
“La sola afirmación de haber tomado la decisión de privar de libertad a una persona constituye un indicio de presión sobre el Poder Judicial”, advirtió Dalbón.
Milei intenta rectificar
Durante la entrevista, al ser advertido por el periodista sobre la posible intromisión judicial de sus palabras, Milei intentó matizar sus declaraciones:
“Si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la Justicia, hubiera arreglado que no la metan presa”, dijo el mandatario.
Sin embargo, la aclaración no impidió que sus dichos generaran una ola de críticas y reacciones políticas.
Contexto judicial de Cristina Fernández
La Corte Suprema de Argentina ratificó en junio pasado la condena de Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante su gobierno (2007–2015).
Pese al fallo, el peronismo ha denunciado que la exmandataria es víctima de “lawfare”, es decir, de persecución judicial con fines políticos. Fernández actualmente cumple arresto domiciliario en Buenos Aires, mientras su defensa sostiene que las causas en su contra son parte de una estrategia de persecución política.
La denuncia contra Milei abre un nuevo capítulo de tensión institucional en Argentina, en medio de un clima político cada vez más polarizado y marcado por la confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
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