Legisladores de diferentes bancadas analizaron este jueves el permiso otorgado a los Estados Unidos para utilizar el Aeropuerto Internacional de Las Américas y la Base Aérea de San Isidro en operaciones de abastecimiento y apoyo técnico vinculadas a la lucha contra el narcotráfico, decisión que —afirman— debe ser revisada y ratificada por el Congreso Nacional.
Aunque el Gobierno explicó que esta autorización se sustenta en el acuerdo bilateral de interdicción firmado en 1995 y ampliado en 2003, varios congresistas señalan que es necesario evaluar el alcance exacto de la medida.
El diputado Ramón Rogelio Genao recordó que el convenio vigente permite reforzar la cooperación en materia de combate al narcotráfico, al establecer protocolos conjuntos para operaciones marítimas y aéreas entre ambos países.
Desde la Fuerza del Pueblo, su vocero Rafael Castillo informó que una comisión técnica analiza los detalles del permiso, con el interés de determinar si la ejecución se ajusta a la legalidad y a los procedimientos constitucionales.
El diputado Alcibíades Tavares añadió que se debe revisar cuidadosamente el impacto de esta colaboración para garantizar plena transparencia.
En tanto, Pedro Martínez, de Alianza País, opinó que la República Dominicana debe actuar con neutralidad respecto a tensiones internacionales, señalando que las decisiones en materia de seguridad no deben vincular al país en conflictos ajenos.
Otros legisladores, como Ramón Raposo del PRD, indicaron que el acuerdo de 1995 contempla el tránsito de embarcaciones identificadas en aguas dominicanas y autoriza sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en operaciones de interdicción, siempre bajo supervisión local.
El debate continuará en el Congreso, donde se determinará si el permiso requiere una nueva ratificación o si se mantiene vigente bajo el marco legal existente.
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