La reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena la reducción de los límites del Parque Nacional Jaragua ha generado una fuerte controversia en la región Sur y reavivado el debate nacional sobre la protección del patrimonio ambiental en la República Dominicana.
El fallo, emitido a propósito de una solicitud para actualizar el Catastro Nacional de Áreas Protegidas, modifica la delimitación territorial del parque y abre la posibilidad de actividades empresariales en su franja marítima, una zona considerada de alto valor ecológico por expertos y ambientalistas. La decisión ha provocado un conflicto judicial entre el Estado dominicano y presuntos propietarios de terrenos ubicados dentro del área protegida.
Legisladores de las provincias impactadas expresaron su preocupación ante las implicaciones de la sentencia, advirtiendo que la medida compromete la visión de desarrollo sostenible del país y pone en riesgo uno de los ecosistemas más importantes del suroeste dominicano. A su juicio, la reducción del Parque Nacional Jaragua podría sentar un precedente peligroso para otras áreas protegidas.
Durante el debate público, el senador de San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar, el senador por la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez, y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, coincidieron en señalar que cualquier reducción de un parque nacional debe ajustarse estrictamente al marco legal vigente.
Los congresistas recordaron que el artículo 16 de la Ley de Áreas Protegidas establece que toda modificación o reducción de un área protegida requiere la aprobación de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso Nacional, requisito que, según indicaron, no se habría cumplido en este caso.
En ese mismo orden, el exsenador por la provincia Pedernales, Dionis Sánchez, advirtió sobre el impacto ambiental y social que podría derivarse de la ejecución de la sentencia, al tiempo que llamó a preservar la integridad del parque como un activo estratégico para las futuras generaciones.
Ante la controversia, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó mediante un comunicado que acudirá a las vías legales correspondientes con el objetivo de lograr la anulación del fallo y salvaguardar el patrimonio natural de la República Dominicana.
El caso mantiene en alerta a sectores ambientales, legislativos y comunitarios, mientras se espera el curso de las acciones legales anunciadas por las autoridades.
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