SANTO DOMINGO.
Un tribunal del Distrito Judicial de Barahona condenó a cuatro personas, entre ellas un empleado de la Junta Central Electoral (JCE), por su vinculación con una red dedicada a la falsificación de documentos públicos y privados, que operaba en Barahona, Santo Domingo y el Distrito Nacional, cobrando entre RD$70,000 y RD$100,000 por documento.
Los condenados son:
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Divisay Altagracia Amparo Peña – 6 años de prisión
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José Alfredo de los Santos – 6 años de prisión
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Yonel Raphael – 3 años de prisión
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Andys Hernández Rivera (empleado de la JCE) – 3 años, con suspensión condicional de los últimos 2 años y 2 meses, además del pago de una multa de 20 salarios mínimos.
La sentencia también ordenó el decomiso de equipos electrónicos incautados durante la investigación, que serán entregados al Estado dominicano.
De acuerdo con el Ministerio Público, los condenados falsificaban:
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Cédulas, actas de nacimiento, pasaportes y licencias
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Carnets de instituciones como la DNCD, DNI, y el Ejército RD
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Títulos universitarios (incluyendo de Unicaribe)
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Visas de países como EE.UU., Canadá, Chile, Haití, Brasil, Holanda, entre otros
Estas identidades falsas eran otorgadas principalmente a nacionales haitianos y dominicanos, como parte de una estructura criminal organizada.
La jueza Fátima Cruz Estrella dictó la sentencia tras la admisión de culpabilidad por parte de los implicados, respaldada por pruebas contundentes recolectadas en una investigación de un año, coordinada entre el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Seguridad Civil, la Dicrim y la Dirección de Seguridad de la JCE.
El caso se destapó en enero del año pasado tras el arresto de varios extranjeros en Barahona con documentos falsificados, lo que condujo a la desarticulación de una red operativa con ramificaciones en todo el sur del país y la capital.
En el proceso también se identificó a Pablo Selmo De La Cruz como presunto cabecilla de la estructura, actualmente en prisión preventiva a la espera de juicio. Otros implicados como Modesto Alcántara figuran como testigos en procedimientos abreviados.
Este caso pone en evidencia los riesgos para la seguridad nacional que representa la falsificación de documentos oficiales, y subraya la necesidad de reforzar los controles institucionales dentro de los organismos públicos.
