Han pasado cuatro meses desde el colapso del techo en la discoteca Jet Set, que dejó 236 personas fallecidas y 180 heridas, y el proceso judicial avanza sin una resolución definitiva.
El 8 de abril, durante un evento musical del artista Rubby Pérez, el techo del centro nocturno se desplomó, provocando una de las tragedias más mortales registradas en el país. Desde entonces, el caso ha estado marcado por audiencias aplazadas y recursos pendientes.
El 12 de junio, el Ministerio Público interrogó a los propietarios del establecimiento, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, quienes fueron privados de libertad de forma provisional. Una semana después, el 19 de junio, la jueza Fátima Veloz les impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país, sin ordenar prisión preventiva.
Tanto el Ministerio Público como familiares de las víctimas apelaron la decisión, alegando que las medidas no eran proporcionales a la magnitud del caso. El 18 de julio, la Corte de Apelación fue apoderada de los recursos, pero hasta el 8 de agosto no ha fijado fecha para su conocimiento.
Con 120 días transcurridos desde el hecho, el expediente continúa en una etapa de espera, sin que se haya determinado la coerción definitiva para los imputados, lo que mantiene en incertidumbre a los familiares de las víctimas y sobrevivientes.
About the Author
