Este viernes se reanuda el juicio preliminar del denominado caso Calamar, uno de los procesos judiciales por corrupción más relevantes de los últimos años en la República Dominicana, en el que figuran como imputados altos exfuncionarios del Estado, acusados de presuntos actos de corrupción administrativa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La audiencia, pautada para iniciar a las 9:00 de la mañana, contará con la participación de la defensa del excandidato presidencial y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien presentará sus argumentos en respuesta a las imputaciones formuladas por el Ministerio Público, que vincula el caso a la sustracción de más de RD$19 mil millones del erario.
Además de Castillo, el expediente incluye a los exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero, así como al exdirector de Casinos Óscar Chalas Guerrero. Según la acusación, los imputados habrían participado en un entramado de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos, supuestamente utilizados para beneficiar intereses particulares y financiar la campaña presidencial de Gonzalo Castillo en 2020.
El Ministerio Público ya concluyó su exposición, sosteniendo que los encartados incurrieron en prevaricación, lavado de activos y enriquecimiento ilícto, mediante mecanismos fraudulentos para desviar fondos públicos. Parte de esos recursos, según la acusación, habría sido canalizada con fines político-electorales.
Posteriormente, los querellantes privados expusieron sus posiciones; sin embargo, la mayoría retiró sus querellas, alegando que los pagos se realizaron conforme a la ley y que los desembolsos correspondían a propietarios legítimos de terrenos, argumento que ha sido asumido por las defensas para negar la existencia de daño al Estado.
Durante el proceso, Óscar Chalas Guerrero admitió los hechos, se declaró culpable y reintegró RD$17 millones, mientras que los demás imputados se declararon inocentes, asegurando que las tierras habían sido declaradas de utilidad pública y pagadas conforme a precios fijados por los tribunales, por lo que —afirman— no existieron irregularidades.
La audiencia está a cargo de la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien deberá determinar si existen elementos suficientes para enviar el caso a juicio de fondo.
En el plano político, el vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Yván Lorenzo, calificó el expediente como un “fraude procesal”, cuestionando el informe de auditoría de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, utilizado por el Ministerio Público para sustentar parte de la acusación.
El caso Calamar continúa siendo observado con atención por la opinión pública, debido al monto económico involucrado y al perfil de los acusados, y su desenlace será determinante para el sistema de justicia y el combate a la corrupción administrativa en el país.
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