Samaná, República Dominicana.
Campesinos de la comunidad de Agua Santa del Bajo Yuna, en la provincia de Samaná, se manifestaron este jueves frente al Palacio de Justicia de esta demarcación, exigiendo la devolución de sus terrenos y la liberación de cuatro personas que, aseguran, permanecen detenidas desde hace más de ocho días en medio de un conflicto de tierra.
Los manifestantes denunciaron supuestos abusos por parte de autoridades judiciales y policiales que, según indican, estarían protegiendo al señor José Miguel Brito Santiago, a quien acusan de intentar apropiarse ilegalmente de parcelas que fueron otorgadas a los campesinos por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) hace más de cuatro décadas, durante los gobiernos de Joaquín Balaguer.
“Lo que está ocurriendo en Agua Santa es un vil atropello contra hombres y mujeres trabajadores de la tierra. Estas personas no son intrusos ni ocupantes ilegales; están amparadas por la ley y por títulos emitidos por el Estado”, expresó el abogado Juan Francisco Consoro.
Durante la protesta, los campesinos estuvieron acompañados por representantes de la Defensoría del Pueblo, Mesas Comunitarias y organizaciones de Derechos Humanos. El activista Pedro Johnson señaló que algunas autoridades locales estarían coludidas con Brito Santiago, a quien identifican como prófugo de la justicia estadounidense por presuntos delitos de narcotráfico y falsificación de cheques federales.
En ese sentido, los manifestantes acusan directamente a la fiscal titular de Samaná, Erika Pujols Pujols, y al teniente coronel López, de supuestamente actuar en complicidad para intimidar a los agricultores y encubrir a un ciudadano armado, que ha realizado disparos contra campesinos que intentan acceder a sus terrenos.
Uno de los momentos más alarmantes del conflicto quedó captado en un video difundido por los manifestantes, en el que se observa a Brito Santiago realizando disparos con arma de fuego y amenazando directamente a un agricultor que intentaba entrar a su parcela.
Los campesinos advirtieron que continuarán su lucha por la vía pacífica y legal, pero exigieron la intervención urgente del presidente Luis Abinader, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, para evitar lo que han calificado como una potencial tragedia en el Bajo Yuna.
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