El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó este viernes al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Gabriel Escobar, para que ofrezca explicaciones sobre un mensaje difundido en redes sociales por la legación diplomática, interpretado como una amenaza al Supremo Tribunal Federal (STF).
Según informó la agencia EFE, la publicación del jueves hacía referencia directa al juez Alexandre de Moraes, quien instruye el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
“Los aliados de Moraes en el poder judicial y en otras esferas están avisados para que no apoyen ni faciliten la conducta de Moraes. Estamos monitorizando la situación de cerca”, señalaba el comunicado de la embajada estadounidense.
De Moraes figura en la lista de sancionados por la administración del presidente Donald Trump, bajo la Ley Magnitsky, que permite imponer medidas contra funcionarios extranjeros acusados de violaciones de derechos humanos.
Tensión bilateral creciente
No es la primera vez que el gobierno brasileño cita a Escobar. El mes pasado ya había sido convocado por mensajes similares emitidos desde la embajada estadounidense en respaldo a Bolsonaro.
Las relaciones diplomáticas entre ambos países atraviesan un momento de fricción, marcado por las represalias económicas de Washington tras la apertura del juicio contra el exmandatario. La Casa Blanca impuso un arancel del 50 % a productos brasileños, el más alto actualmente aplicado a un socio comercial de EE. UU.
Pese a las tensiones, Brasil ha reiterado que mantiene disposición al diálogo comercial, pero rechaza cualquier presión extranjera sobre su sistema judicial.
Bolsonaro bajo arresto domiciliario
El exmandatario, que gobernó entre 2019 y 2022, fue arrestado el pasado lunes y se encuentra en prisión domiciliaria por violar medidas cautelares que le prohibían comunicarse con sus seguidores en redes sociales.
La investigación sostiene que Bolsonaro coordinó acciones golpistas con altos mandos militares y exministros para impedir la toma de posesión de Lula en enero de 2023.
El Ejecutivo brasileño ha reafirmado su compromiso con el Estado de derecho y la independencia judicial, en medio del creciente escrutinio internacional sobre el caso.
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