El Banco Popular Dominicano ha sido demandado por más de 912 millones de pesos, acusado de adjudicarse de forma irregular una propiedad ubicada en el sector Villa Consuelo, a pesar de la existencia de una sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia que prohibía dicha acción.
El caso fue presentado por los abogados Edgar Jiménez y José Méndez Marte, representantes legales del señor Juan Bautista Santana, quien asegura ser el propietario legítimo del inmueble y afirma sentirse gravemente afectado por lo que considera una “violación flagrante de sus derechos”.
“Me siento totalmente agraviado por lo que ha hecho el Banco Popular con mi propiedad”, expresó Santana visiblemente consternado.
Los representantes legales señalaron que la entidad financiera enfrenta actualmente tres procesos judiciales: una demanda por daños y perjuicios, una por nulidad de actos jurídicos, y otra litis sobre derechos registrados, todas en curso en distintas salas del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
“No solo se ha violado una decisión judicial vinculante, sino que las instituciones llamadas a velar por el cumplimiento de la ley han sido permisivas”, denunció el abogado José Méndez Marte.
Los abogados también criticaron fuertemente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y al Registro de Títulos, señalando que permitieron el traspaso del inmueble sin validar debidamente las disposiciones legales vigentes, incurriendo —según ellos— en omisiones graves que violan el principio de legalidad y protección del derecho de propiedad.
La demanda contra el Banco Popular marca un nuevo capítulo en los debates sobre el papel de las entidades financieras en procesos de embargo y adjudicación, así como en la supervisión institucional del Estado dominicano.
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