Este miércoles se celebra la última audiencia del juicio por el intento de asesinato de la expresidenta y exvicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), en la que el Tribunal Oral Federal N.º 6 de Buenos Aires dará a conocer su veredicto final tras más de un año de proceso judicial.
Los principales acusados son Fernando Sabag Montiel (37) y su expareja Brenda Uliarte, señalados como autores y partícipes del atentado fallido del 1 de septiembre de 2022, cuando Sabag Montiel apuntó y accionó el gatillo de una pistola a escasos centímetros del rostro de Fernández de Kirchner, frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. El disparo no se efectuó debido a una falla mecánica en el arma.
Peticiones de la Fiscalía
El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 15 años de prisión para Sabag Montiel por homicidio triplemente agravado en grado de tentativa, bajo los cargos de alevosía, violencia de género en su modalidad política y uso de arma de fuego.
Para Brenda Uliarte, la Fiscalía pidió 14 años de cárcel al considerarla partícipe necesaria del ataque, por haber colaborado en la planificación y acompañar al agresor en el lugar de los hechos.
Durante la audiencia final, Sabag Montiel ofreció sus últimas declaraciones ante los jueces, mientras que Uliarte optó por no hablar. El proceso judicial, que se inició el 26 de junio de 2024, culminará este miércoles con la lectura del fallo, que se espera sea histórico por la relevancia institucional del caso.
Un ataque que sacudió a Argentina
El atentado, ocurrido cuando Fernández de Kirchner se encontraba saludando a simpatizantes frente a su casa, fue captado por cámaras de televisión y teléfonos móviles, causando una conmoción nacional e internacional sin precedentes.
Según la acusación, Sabag Montiel y Uliarte “se infiltraron entre la multitud con la finalidad de matar a la entonces vicepresidenta”, como señaló en su alegato final la fiscal Gabriela Baigún.
Impacto político y social
El intento de magnicidio marcó un antes y un después en la política argentina, reavivando el debate sobre la seguridad de los líderes políticos, la polarización social y la incitación al odio en el país.
El episodio también generó un fuerte movimiento de solidaridad con Fernández de Kirchner, mientras amplios sectores del oficialismo y la oposición debatían sobre las consecuencias del discurso violento en el ámbito público.
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