La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, decidió aplazar para el viernes 16 de enero de 2026 la audiencia del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra la medida de coerción que favoreció a varios agentes policiales vinculados a la muerte de cinco hombres en el sector La Barranquita.
La decisión busca garantizar que los abogados de los imputados reciban y analicen formalmente el expediente, con el cual el Ministerio Público procura revertir las medidas menos severas que les fueron impuestas anteriormente.
El órgano acusador sostiene que los siete agentes que actualmente cumplen garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida deben recibir medidas más rigurosas, al considerar que existen elementos que sustentan su responsabilidad en el hecho ocurrido el 10 de septiembre, que causó profunda conmoción en la ciudad.
La audiencia, que inicialmente estaba pautada para el 18 de noviembre, tenía como objetivo revisar la decisión judicial que mantiene en prisión preventiva a cuatro agentes y otorgó medidas alternativas a otros siete.
Agentes en prisión preventiva (COO de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste):
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José Octavio Jiménez Peña (raso)
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Sócrates Fidel Féliz Féliz (sargento mayor)
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Hairo Mateo Morillo (sargento)
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Yohandy Encarnación (cabo)
Agentes con medidas alternativas:
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Álvaro Paredes Paniagua (mayor)
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Hansel Michel Cuevas Carrasco (mayor)
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José Ignacio Gómez Rodríguez (capitán)
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Domingo de los Santos Vargas (segundo teniente)
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Geyser Francisco Álvarez Rodríguez (teniente)
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César Augusto Martínez Trinidad (teniente)
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Adrián Miguel Villalona Pineda (raso)
Los agentes están siendo procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), Julio Alberto Gómez (La Tabla), Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly/Charli Chasc), Edward Bernardo Peña Rodríguez y José Vladimir Valerio Estévez, quienes fallecieron en el estacionamiento de una plaza comercial en La Barranquita.
Aunque la Policía calificó el hecho como un intercambio de disparos durante un operativo, el Ministerio Público afirma que las evidencias apuntan a una posible ejecución extrajudicial, por lo que rechaza cualquier variación de medidas en favor de los imputados.
Desde el suceso, familiares de las víctimas y residentes del sector han exigido justicia, alegando que los jóvenes fueron ultimados sin justificación.
El Ministerio Público reiteró su compromiso de procurar sanciones ejemplares mientras el caso continúa generando gran atención pública en Santiago.
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