Santo Domingo, R.D. – La organización nacionalista Antigua Orden Dominicana rechazó enérgicamente la sentencia TC/0067/25 del Tribunal Constitucional (TC), que ordena al Ministerio de Interior y Policía ejecutar de inmediato los decretos que otorgan la nacionalidad dominicana a 32 ciudadanos haitianos.
A través de un comunicado, la entidad, presidida por Ángelo Vásquez, acusó al abogado Reemberto Pichardo Juan, quien representó legalmente a los extranjeros en el proceso, de actuar como un “traidor a la patria” por su rol en la acción de amparo que derivó en el fallo constitucional.
“Esta sentencia viola la Constitución y nuestras leyes. Fue impulsada por un grupo de abogados antipatriotas que han preferido intereses particulares por encima de la soberanía nacional”, denunció la organización.
Acusaciones y críticas
La Antigua Orden Dominicana acusó a Pichardo Juan de colaborar con lo que denominan una “haitianización ilegal”, y alegaron que la decisión del Tribunal se publicó aprovechando la distracción generada por la tragedia del Jet Set, lo que calificaron como una maniobra oportunista para “ocultar” el impacto del dictamen.
“Algunos malos dominicanos están traicionando a la patria. Es lamentable ver a abogados prestarse a dinamitar nuestras leyes y nuestra soberanía, sólo por beneficios personales”, señalaron.
El trasfondo legal de la sentencia
La sentencia TC/0067/25 acoge un recurso de amparo de cumplimiento, interpuesto luego de que la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) declarara improcedente la acción original en septiembre de 2023. El Tribunal Constitucional, sin embargo, consideró que la negativa del Ministerio de Interior y Policía a ejecutar los decretos 262-20 y 297-21 –que otorgan la nacionalidad por naturalización ordinaria– constituía una violación de derechos fundamentales en el marco de la Ley 169-14, creada para regularizar el estatus de extranjeros nacidos en territorio dominicano.
Los beneficiarios del fallo son 32 haitianos, quienes alegaban haber cumplido con todos los requisitos establecidos en los decretos presidenciales, pero que enfrentaban una negativa administrativa a la ejecución formal de la nacionalidad.
Tensión entre nacionalismo y legalidad
El caso reabre un debate de alto voltaje sobre nacionalidad, soberanía y derechos humanos en el contexto de la migración haitiana hacia República Dominicana. Mientras organismos internacionales y sectores jurídicos defienden la constitucionalidad de la medida como una corrección a fallas administrativas, grupos como la Antigua Orden Dominicana insisten en que se trata de una amenaza directa a la soberanía y al orden migratorio del país.
La sentencia del TC tiene carácter vinculante y obliga al cumplimiento por parte de las autoridades. Sin embargo, con la creciente presión de sectores nacionalistas y la alta sensibilidad social del tema, su implementación podría generar nuevas tensiones en el entorno político y jurídico del país.
