SANTO DOMINGO ESTE.– El Ministerio Público solicitó enviar a juicio a Dilennys Mercedes Mercedes Rossó, acusada de utilizar documentos públicos falsificados para presentarse como viuda de un oficial de la Policía Nacional y recibir cerca de RD$998,000 por una pensión de sobrevivencia.
El Décimo Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este fijó para este viernes 20 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia en la que conocerá la solicitud de apertura a juicio. La imputada permanece bajo arresto domiciliario.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por familiares del primer teniente fallecido ante la Fiscalía adscrita a la Junta Central Electoral (JCE). Según el expediente, la mujer habría utilizado un acta de defunción falsa para hacerse pasar por la esposa sobreviviente del agente.
Una certificación de la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado establece que Mercedes Rossó comenzó a recibir pagos del Plan de Retiro de la Policía Nacional el 25 de abril de 2020, por un monto mensual de RD$13,814.55.
El Ministerio Público sostiene que un dictamen pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) calculó en aproximadamente RD$998,000 los recursos recibidos, incluidos los pagos correspondientes a la regalía.
Entre las evidencias figura una certificación de la Dirección Nacional del Registro Civil, emitida el 17 de junio de 2025, que indica que no aparece en el sistema automatizado un registro de matrimonio entre la procesada y el oficial.
Esa dependencia también certificó que Mercedes Rossó contrajo matrimonio civil con otro hombre el 10 de abril de 2025, ante la Oficialía de la Quinta Circunscripción de Santo Domingo Norte. Asimismo, confirmó que el primer teniente falleció el 13 de febrero de 2019.
La acusación atribuye a la imputada presunta falsificación y uso de documentos falsos y estafa. El órgano persecutor invoca los artículos 147, 148, 150 y 151 del antiguo Código Penal dominicano y el artículo 210 de la Ley 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil.
El Estado dominicano, la JCE y los familiares del oficial figuran entre los presuntos perjudicados. El Comité de Retiro de la Policía Nacional también presentó una querella.
Las investigaciones estuvieron a cargo de la fiscal Esther María González Peguero y del procurador de corte Pedro Jiménez Suero, adscrito al Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este.
El Ministerio Público pidió que sean admitidas las pruebas testimoniales, periciales, materiales, procesales y documentales que sustentan su acusación. Corresponderá al tribunal determinar si existen fundamentos para disponer la apertura a juicio.

