SANTO DOMINGO.– El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene prevista para este lunes 19 de octubre la continuación del juicio de fondo contra Freddy Núñez Jorge y Evaristo Ozoria Rodríguez, conocido como Aníbal, acusados de utilizar para gastos personales recursos públicos asignados a la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem).
Núñez Jorge y Ozoria Rodríguez, identificados en el expediente como presidente y tesorero de la organización, respectivamente, enfrentan imputaciones por corrupción, falsificación de documentos, estafa agravada, asociación de malhechores y lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que ambos habrían empleado dinero procedente de subvenciones deportivas para cubrir compras de vehículos, medicamentos, viajes y seguros, mediante operaciones cuyos conceptos presuntamente ocultaban el destino real de los fondos.
Entre las transacciones cuestionadas figuran las supuestas adquisiciones de un Jeep Cherokee y un automóvil Kia. Según la acusación, los imputados emitían cheques de la federación para atender consumos personales y presentaban justificaciones que no correspondían con los gastos realizados.
El expediente establece que la Fedopem recibió RD$65,972,975.89 del Ministerio de Deportes y Recreación entre 2013 y 2023. Esa cifra corresponde al total de transferencias señalado en la investigación y no debe confundirse con un monto de desvío establecido mediante sentencia.
Las indagatorias comenzaron a partir de reportajes difundidos por el programa N Investiga, dirigido por la periodista Nuria Piera, sobre presuntas irregularidades en la administración de la entidad durante más de una década.
Como parte de las diligencias, las autoridades realizaron allanamientos en Santo Domingo y María Trinidad Sánchez, así como en las oficinas de la federación, situadas en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. En esos operativos fueron recopilados documentos utilizados para sustentar la acusación.
La Fiscalía también atribuye a los procesados maniobras fraudulentas en las liquidaciones entregadas al Ministerio de Deportes. De acuerdo con su planteamiento, esas actuaciones habrían permitido justificar desembolsos y mantener la recepción de subvenciones estatales.
El envío a juicio fue dispuesto previamente por la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Esa decisión corresponde a una etapa anterior y es distinta del juicio de fondo que conoce el tribunal colegiado.
La acusación cita los artículos 145, 147, 148, 265, 266 y 405 del Código Penal, así como los artículos 3 y 4 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. También invoca el artículo 146 de la Constitución, relativo a la proscripción de la corrupción administrativa.
Durante el juicio corresponderá al Ministerio Público sustentar sus señalamientos y a las defensas controvertir las pruebas presentadas. La apertura y continuación del proceso no constituyen una declaración de culpabilidad contra los imputados.
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