SANTO DOMINGO.– Un grupo de abogados depositó este lunes una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar una investigación independiente sobre decenas de muertes registradas durante intervenciones de la Policía Nacional y determinar si existieron actuaciones contrarias a la ley.
Los denunciantes aseguran haber contabilizado al menos 47 fallecimientos entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre de 2026. No obstante, informaciones publicadas sobre la instancia precisan que fueron presentados 27 casos documentados, mientras los juristas señalaron que existen otros hechos que también consideran necesario investigar.
La denuncia fue suscrita por los abogados Cándido Simón Polanco, Manuel Sierra Pérez, Enrique Vallejo Garib, Ibo René Sánchez, Valentín Medrano Peña, Guarionex Ventura y Carlos Balcácer. Los juristas solicitaron establecer las circunstancias particulares de cada muerte y determinar eventuales responsabilidades individuales.
Entre las diligencias reclamadas figuran la revisión de autopsias, peritajes balísticos, grabaciones disponibles, actas procesales y testimonios relacionados con los distintos operativos. También pidieron que las investigaciones sean dirigidas por fiscales independientes de los agentes involucrados en los hechos.
Los abogados cuestionaron que las muertes sean calificadas inicialmente como resultado de “intercambios de disparos” o actuaciones legales sin que, según sostienen, exista previamente una investigación exhaustiva que determine las circunstancias de cada caso.
Asimismo, solicitaron examinar las declaraciones vinculadas a la denominada “posición 29”, expresión utilizada públicamente para referirse a muertes durante actuaciones policiales. La Policía Nacional ha negado que exista un lineamiento institucional o gubernamental dirigido a aplicar ese tipo de actuación y sostiene que el uso de la fuerza debe responder de manera proporcional a las circunstancias.
Los denunciantes defendieron que la persecución de personas sospechosas de cometer delitos debe realizarse respetando el derecho a la vida, la defensa y el debido proceso. También advirtieron que podrían acudir a otras instancias si consideran que no se desarrolla una investigación efectiva.
El reclamo se produce en momentos en que existe debate público sobre las muertes clasificadas como “acción legal”. La PGR ha señalado que determinadas informaciones sobre investigaciones penales están sometidas a reserva, aunque no ha detallado públicamente cuántos de estos casos han derivado en procesos contra agentes policiales.
Corresponderá ahora al Ministerio Público evaluar la denuncia, determinar qué investigaciones proceden y establecer, a partir de las evidencias, si en alguno de los casos denunciados existen responsabilidades penales.
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