WASHINGTON.– Oro procedente de Venezuela y trasladado a Estados Unidos mediante un acuerdo respaldado por la administración del presidente Donald Trump permanece sin procesar mientras refinerías estadounidenses buscan garantías sobre su procedencia y descartan posibles vínculos con minería ilegal, grupos criminales o prácticas de corrupción, según una investigación publicada este lunes por The New York Times y recogida por otros medios.
Las dudas se concentran en la trazabilidad del metal. Bajo los estándares de abastecimiento responsable, las empresas que refinan oro deben evaluar riesgos relacionados con delitos, violaciones de derechos humanos y daños ambientales antes de incorporar el material a sus cadenas comerciales.
El acuerdo se remonta a marzo, cuando la minera estatal venezolana Minerven alcanzó un convenio multimillonario con la comercializadora de materias primas Trafigura para suministrar entre 650 y 1,000 kilogramos de oro doré destinados al mercado estadounidense. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó entonces a Reuters que el entendimiento había sido impulsado por la administración Trump.
Posteriormente, el Departamento del Tesoro estadounidense autorizó determinadas operaciones relacionadas con oro venezolano y Minerven, dentro de un proceso de apertura de Washington hacia el sector minero del país sudamericano.
Trafigura anunció además un programa para desarrollar mecanismos de abastecimiento responsable junto a Minerven. La empresa señaló que las compras debían proceder de operaciones de la compañía estatal y no de terceros ubicados en zonas donde organizaciones internacionales han documentado presencia de grupos armados, explotación laboral y minería irregular.
Sin embargo, la investigación divulgada este lunes sostiene que parte del oro enviado a Estados Unidos continúa almacenado debido a que algunas refinerías no consideran suficientemente acreditado que la cadena de suministro esté libre de participación criminal o extracción ilegal. Esas afirmaciones forman parte del reporte periodístico y no constituyen por sí mismas una determinación judicial.
La controversia surge mientras Washington busca ampliar su participación en los recursos minerales de Venezuela. Reuters informó este mes que Estados Unidos ha mostrado interés en aumentar su acceso al oro y otros minerales del país, en paralelo a su participación en el sector petrolero tras la salida de Nicolás Maduro del poder en enero de 2026.
La minería venezolana, particularmente en el Arco Minero del Orinoco, arrastra desde hace años denuncias sobre presencia de organizaciones criminales, explotación irregular y daños al medio ambiente, factores que ahora representan uno de los principales obstáculos para colocar parte de ese oro en el mercado formal estadounidense.
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