SANTO DOMINGO.– La abogada Sandra Maribel Furcal Guzmán, detenida durante un chequeo militar en Dajabón cuando se desplazaba en un vehículo junto a tres ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, figura en registros de personal del Estado dominicano.
De acuerdo con el reporte sobre el operativo, Furcal Guzmán conducía una yipeta Honda CR-V blanca cuando fue interceptada en el puesto militar El Laurel, localizado en la comunidad de Cañongo. Los tres extranjeros fueron encontrados en la parte trasera del vehículo durante una inspección realizada por miembros del S-2 del Ejército y otros militares que prestaban servicio en el lugar.
Tras la intervención, la conductora, los tres ciudadanos haitianos y el vehículo fueron trasladados a la Fortaleza Beller, sede del Décimo Batallón de Infantería del Ejército de República Dominicana, para los procedimientos correspondientes. Los informes divulgados hasta ahora no precisan el punto de partida ni el destino del recorrido, tampoco explican en qué circunstancias los extranjeros abordaron el vehículo.
Registros laborales en instituciones públicas
Reportes publicados este miércoles señalan que Furcal Guzmán figura como supervisora de la Dirección de Participación Comunitaria del Ministerio de Educación, con una remuneración mensual de RD$60,000.
Documentos oficiales del Ministerio de Educación permiten confirmar que, al menos desde 2021, aparecía registrada en esa dependencia con el cargo de supervisora, estatus fijo y un ingreso bruto mensual de RD$60,000. La nómina correspondiente a mayo de ese año recoge esos mismos datos.
Su trayectoria en la administración pública se remonta a años anteriores. Registros oficiales de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) muestran que Furcal Guzmán figuraba como Abogado I, con fecha de entrada registrada el 25 de mayo de 2016. En documentos de 2019 todavía aparecía ocupando esa posición.
Hasta el momento, las informaciones públicas disponibles sobre el operativo no detallan si ya existe una imputación formal en su contra ni qué medida solicitarán las autoridades. La detención y el traslado para fines de investigación no equivalen, por sí mismos, a una declaración de responsabilidad penal, asunto que corresponde determinar a las autoridades judiciales.
El caso permanece bajo seguimiento mientras se esperan mayores detalles sobre el procedimiento legal aplicable a la detenida y la situación migratoria de las tres personas encontradas en el vehículo.
About the Author
