SANTO DOMINGO.– La Fuerza del Pueblo (FP) reclamó al Gobierno la puesta en marcha inmediata de un plan nacional para enfrentar la sequía y garantizar el suministro de agua potable, al advertir que la reducción de las fuentes amenaza los acueductos, la producción agropecuaria, los sistemas de riego y las actividades cotidianas de miles de familias.
La organización opositora afirmó que la actual situación hídrica era previsible y cuestionó que las autoridades no adoptaran medidas preventivas pese a las advertencias formuladas desde 2025 por organismos internacionales sobre el aumento del estrés hídrico.
La propuesta fue presentada en rueda de prensa por Hamlet Otáñez, titular de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento de la FP, y Arturo Socías, responsable de la Secretaría de Gestión de Cuencas Hidrográficas.
Otáñez recordó que el presidente Luis Abinader participó el 21 de agosto de 2025 en un encuentro organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), donde fueron abordados la seguridad alimentaria, la administración del agua y la resiliencia frente a la sequía.
“El Gobierno conocía el riesgo”, aseguró el dirigente, quien alegó que el Presupuesto General del Estado de 2026 no incluyó una partida preventiva específica para responder a los efectos de El Niño o a una disminución prolongada de las lluvias.
También sostuvo que la posterior reformulación presupuestaria no identificó un programa concreto para afrontar la situación y señaló que los recursos asignados al riego en 2026 fueron un 17.7 % inferiores a los contemplados durante el año anterior.
Ante este panorama, la FP solicitó que el Poder Ejecutivo presente un plan con objetivos medibles, instituciones responsables, calendario de ejecución y fondos claramente establecidos. Asimismo, propuso crear una reserva financiera destinada exclusivamente a atender emergencias provocadas por la escasez de agua.
Esos recursos, explicó la organización, permitirían financiar la perforación y rehabilitación de pozos, adquisición de bombas y tuberías, reparación de averías, instalación de tanques y distribución mediante camiones cisterna en las comunidades más afectadas.
Socías advirtió que las consecuencias de la sequía se intensifican por el deterioro acumulado de las cuencas hidrográficas, la pérdida de cobertura vegetal, los incendios forestales, la erosión, la extracción de materiales de los ríos y la contaminación de las fuentes.
El dirigente explicó que esas prácticas disminuyen la capacidad natural de los suelos y las montañas para captar, almacenar y regular el agua durante los períodos de pocas precipitaciones.
Entre las medidas propuestas figuran activar planes de emergencia en cada cuenca, restaurar las zonas productoras de agua, perseguir la extracción ilegal de materiales y los vertidos contaminantes, además de coordinar con las juntas de regantes el uso del recurso y los calendarios de siembra.
La organización también recomendó reparar canales, compuertas y reservorios, así como publicar semanalmente informes sobre la cantidad y la calidad del agua disponible en las principales fuentes del territorio nacional.
Socías llamó a completar los componentes de conducción y riego del proyecto multipropósito Monte Grande para garantizar un mayor aprovechamiento del agua almacenada. También pidió mantener una vigilancia permanente sobre la presa de Hatillo ante las informaciones relacionadas con cambios de coloración, presencia de algas y posibles alteraciones en su calidad.
En el área de consumo humano, Otáñez consideró necesario que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), CORAASAN y las demás prestadoras activen sus respectivos planes de contingencia.
Entre las acciones urgentes mencionó el monitoreo semanal de las fuentes, la producción y la demanda; la rehabilitación de pozos; la identificación de suministros alternativos; la interconexión de sistemas y el aumento de la capacidad de almacenamiento.
La Fuerza del Pueblo colocó especial atención sobre las fugas y averías existentes en las redes de distribución. Sostuvo que reducir esas pérdidas debe convertirse en una prioridad nacional, debido a que cada galón desperdiciado tendrá que ser reemplazado mediante bombeo, pozos adicionales o distribución de emergencia.
La organización política insistió en que la crisis no puede ser tratada únicamente como un fenómeno meteorológico, sino como un problema que requiere planificación, inversión anticipada, protección ambiental, transparencia y una administración eficiente de las reservas disponibles.
“El agua debe administrarse antes de que falte, no después de que la crisis ya esté en las casas de la gente”, expresó Otáñez al reiterar la solicitud de que el Gobierno presente públicamente las medidas, los responsables y los recursos que destinará para proteger el consumo humano y la producción de alimentos.
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