SANTO DOMINGO.– La posible eliminación de la protección arancelaria al arroz dominicano ha encendido las alarmas entre los productores, quienes advierten que el país no está preparado para competir en igualdad de condiciones con la industria agrícola de Estados Unidos.
La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) expresó su preocupación ante la solicitud estadounidense de derogar el Decreto 693-24, una medida que podría facilitar una mayor entrada de arroz importado al mercado dominicano conforme a las disposiciones del DR-CAFTA.
La organización sostuvo que la apertura total del mercado colocaría a los productores nacionales frente a un sector estadounidense altamente tecnificado, con mayor capacidad de producción, mejores alternativas de financiamiento y diversos mecanismos de apoyo estatal.
Según las estimaciones presentadas, la decisión podría afectar a unos 30,000 productores, entre 1.3 y 1.5 millones de tareas cultivadas y una cadena económica que mueve más de RD$45,000 millones al año. La producción nacional ronda los 14.8 millones de quintales de arroz.
La ANPA advirtió que una apertura repentina podría provocar la caída de los precios pagados a los agricultores, acumulación de cosechas, mayor endeudamiento, reducción de las áreas cultivadas y el cierre de factorías y empresas vinculadas al sector.
La entidad también alertó sobre el riesgo de que República Dominicana pierda su autosuficiencia arrocera y dependa progresivamente de las importaciones para garantizar el abastecimiento de uno de los alimentos más consumidos por la población.
Aunque la entrada de arroz extranjero podría generar una reducción inicial de precios, la organización señaló que no existe garantía de que ese beneficio llegue de manera permanente a los consumidores, debido a los costos de almacenamiento, procesamiento, transporte y comercialización.
Frente a este panorama, la ANPA solicitó al presidente Luis Abinader convocar una mesa nacional del arroz con representantes del Gobierno, productores, factorías, profesionales agropecuarios, universidades, centros de investigación y el Banco Agrícola.
También propuso realizar un estudio independiente sobre las consecuencias económicas, sociales y alimentarias de la apertura, además de negociar con Estados Unidos un período de transición que contemple salvaguardias, control de las importaciones y mecanismos de compensación.
La organización planteó la creación de un Programa Nacional de Competitividad Arrocera dirigido a modernizar los sistemas de riego, reducir los costos de producción, fortalecer la investigación, mejorar la productividad y ampliar el acceso al financiamiento y al seguro agropecuario.
“La República Dominicana debe cumplir sus compromisos internacionales, pero no puede sacrificar al productor nacional para pagar las consecuencias de veinte años de falta de preparación”, sostuvo la ANPA al reclamar que cualquier decisión preserve la producción, el empleo rural y la seguridad alimentaria del país.
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