Santo Domingo, R.D.– Siete magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) presentaron sus evaluaciones ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), donde expusieron los principales avances alcanzados en sus respectivas salas y plantearon los desafíos que enfrenta el sistema judicial dominicano en materia de productividad, transparencia, transformación digital, acceso a la justicia y fortalecimiento de la confianza ciudadana.
Durante las evaluaciones participaron los magistrados Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Alejandro Bello Ferreras, Fran Euclides Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico, quienes coincidieron en que una justicia eficiente debe sustentarse no solo en la rapidez para resolver expedientes, sino también en la calidad de las decisiones, la ética, la independencia judicial y el respeto al debido proceso.
El presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero Montero, destacó los niveles de productividad alcanzados por esa jurisdicción y defendió el uso de la tecnología como una herramienta para agilizar la administración de justicia, aunque advirtió que ninguna innovación tecnológica puede sustituir el criterio y la función constitucional del juez.
Por su parte, el presidente de la Segunda Sala, Francisco Jerez Mena, presentó los resultados de una gestión basada en planificación y transformación digital, indicando que la sala ha tramitado más de 14,000 expedientes y emitido más de 27,000 decisiones, entre sentencias y resoluciones. Además, resaltó que el 98 % de los casos son conocidos en la primera audiencia programada gracias a la implementación de notificaciones electrónicas certificadas y nuevas herramientas tecnológicas.
Jerez Mena también manifestó preocupación por el impacto que pueden tener los llamados juicios paralelos desarrollados en medios de comunicación y redes sociales, al considerar que estos pueden afectar la presunción de inocencia, el derecho al honor y la independencia de los jueces al momento de emitir sus decisiones.
El magistrado Samuel Arias Arzeno expuso una trayectoria de alta productividad, señalando que durante siete años ha participado en más de 27,000 decisiones judiciales, de las cuales más de 5,000 fueron elaboradas como juez ponente. Asimismo, destacó los avances alcanzados mediante las plataformas digitales para recibir denuncias éticas contra jueces y servidores judiciales, así como el fortalecimiento de los programas de mediación y las Casas Comunitarias de Justicia.
La magistrada Vanessa Acosta Peralta presentó una carrera de 27 años dentro del Poder Judicial, resaltando su experiencia en distintas jurisdicciones y su participación en iniciativas orientadas a fortalecer la igualdad de género, los derechos humanos y el acceso equitativo a la administración de justicia.
Desde la Tercera Sala, el magistrado Alejandro Bello Ferreras explicó que durante su permanencia en la Suprema Corte ha conocido aproximadamente 3,000 expedientes, destacando especialmente los avances alcanzados en materia de seguridad jurídica dentro de la jurisdicción inmobiliaria, donde afirmó que los casos de fraude se han reducido a cero.
En tanto, el magistrado Rafael Vásquez Goico sostuvo que la productividad judicial no debe medirse únicamente por la cantidad de expedientes resueltos, sino también por la calidad jurídica de las sentencias, su fundamentación y el impacto que generan en la protección de los derechos de los ciudadanos.
Por su parte, el magistrado Fran Euclides Soto Sánchez informó que mantiene al día los recursos de casación asignados a su despacho dentro de la Segunda Sala y defendió el uso de mecanismos de conciliación y acuerdos como alternativas válidas para resolver conflictos penales cuando las condiciones legales lo permiten.
Las exposiciones realizadas ante el Consejo Nacional de la Magistratura reflejaron una visión común sobre la necesidad de continuar modernizando el sistema judicial mediante la incorporación de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de la transparencia, la reducción de la mora judicial y la ampliación del acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
Los magistrados coincidieron en que el principal reto de la justicia dominicana consiste en combinar eficiencia, independencia, ética, calidad en las decisiones y transformación tecnológica, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial y garantizando respuestas oportunas dentro del marco del debido proceso y el Estado de derecho.
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