Santo Domingo, R.D.– Tres meses después de que la jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictara condena contra la comunicadora Tamara Martínez, fue emitida la sentencia definitiva que sustenta la decisión judicial por el delito de difamación e injuria en perjuicio de la presentadora Gabi Desangles.
La decisión judicial mantiene la condena de tres meses de prisión impuesta a Martínez, tras determinarse su responsabilidad penal conforme a las disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, normativa que sanciona, entre otras conductas, la difamación y la injuria cometidas a través de medios electrónicos y plataformas digitales.
Según el contenido de la sentencia, el tribunal concluyó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, a las que se adhirió la parte querellante, fueron suficientes para establecer la responsabilidad penal de la imputada.
El documento establece que “ha quedado comprometida la responsabilidad penal de la ciudadana Tamara Eilyn Martínez Piña, toda vez que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, y a las que se adhirió la parte querellante, dan al traste con la comisión de los hechos de parte de la referida imputada”.
La querella fue presentada por Gabi Desangles, quien alegó haber sido víctima de expresiones difamatorias e injuriosas difundidas por la comunicadora, hechos que fueron evaluados durante el proceso judicial.
La emisión de la sentencia definitiva formaliza los fundamentos jurídicos de la condena impuesta por el tribunal y constituye un nuevo paso dentro del proceso, conforme a los procedimientos establecidos por la legislación dominicana.
El caso ha generado amplia atención pública por involucrar a dos figuras del ámbito de la comunicación y por tratarse de una condena basada en la aplicación de la Ley 53-07, legislación utilizada para sancionar delitos cometidos mediante tecnologías de la información y la comunicación.
Con la publicación de la sentencia, las partes podrán ejercer los recursos legales previstos por el ordenamiento jurídico dominicano dentro de los plazos establecidos por la ley.
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