SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader, a través del Poder Ejecutivo, emitió el Decreto 403-2026, mediante el cual queda establecido el nuevo Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública, una iniciativa que busca modernizar los servicios estatales y eliminar la duplicidad de trámites que durante años han afectado a ciudadanos y empresas.
Con la entrada en vigor de esta disposición, las instituciones públicas deberán compartir información entre sí, evitando que los usuarios tengan que presentar documentos o certificaciones que ya reposan en otra dependencia del Estado.
La nueva normativa forma parte de la estrategia de transformación digital impulsada por el Gobierno, cuyo propósito es agilizar los servicios públicos, reducir la burocracia y ofrecer una atención más eficiente, transparente y orientada a las necesidades de la ciudadanía.
El decreto establece que el intercambio de información se realizará mediante mecanismos seguros, estandarizados y oportunos, garantizando que los datos, documentos electrónicos y registros oficiales puedan ser consultados por las instituciones autorizadas sin necesidad de que el ciudadano vuelva a suministrarlos.
Además de simplificar los procesos administrativos, la medida procura mejorar la calidad de la información que maneja el Estado, reducir la duplicidad documental y fortalecer la coordinación entre las entidades gubernamentales responsables de ofrecer servicios públicos.
Como órgano rector del Gobierno Digital, el Ministerio de Administración Pública (MAP) tendrá la responsabilidad de establecer las políticas, normas técnicas y protocolos que regirán el funcionamiento del nuevo sistema de interoperabilidad y gobernanza de datos.
El MAP también será el encargado de supervisar el cumplimiento del decreto, coordinar el Comité de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos y promover la correcta implementación de las disposiciones establecidas en todo el aparato estatal.
Por su parte, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) asumirá la operación técnica del sistema, incluyendo la administración de la Plataforma Única de Interoperabilidad, infraestructura tecnológica que permitirá el intercambio de información entre las diferentes instituciones públicas.
La disposición establece que cada organismo del Estado deberá mantener permanentemente actualizadas sus bases de datos y registros, garantizando que la información compartida sea confiable, precisa y útil para la prestación de los distintos servicios gubernamentales.
No obstante, el decreto aclara que cada institución conservará la responsabilidad sobre la administración, protección y actualización de la información que se encuentre bajo su custodia, conforme a las leyes vigentes en materia de protección de datos y acceso a la información pública.
El nuevo marco normativo será de aplicación obligatoria para todas las instituciones de la administración pública central, descentralizada, autónoma, desconcentrada y de la seguridad social, así como para cualquier entidad estatal que administre registros, plataformas digitales o sistemas de información.
En materia de identidad ciudadana, el decreto dispone que los organismos públicos que necesiten validar datos personales deberán coordinar ese proceso con la Junta Central Electoral (JCE), respetando las atribuciones constitucionales y legales de ese organismo responsable del Registro Civil.
Asimismo, la normativa establece que toda información obtenida mediante los mecanismos de interoperabilidad solo podrá ser utilizada para fines legítimos, compatibles con las funciones institucionales y bajo estrictos criterios de confidencialidad, seguridad y protección de los datos personales.
Con la entrada en vigencia del Decreto 403-2026, queda derogado el Decreto 92-22, que desde febrero de 2022 regulaba el anterior Marco Nacional de Interoperabilidad Gubernamental. Con esta actualización, el Gobierno busca consolidar un Estado más moderno, eficiente y conectado digitalmente, facilitando los trámites para la población y fortaleciendo la gestión pública mediante el uso responsable de la tecnología.
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