Santo Domingo.- Las próximas elecciones representarían un reto clave para los partidos políticos en materia de financiamiento, ante la posible aprobación de un proyecto de ley que busca reforzar los controles sobre los recursos que manejan las organizaciones políticas.
La iniciativa, aprobada en primera lectura en el Senado, introduce cambios a la Ley de Partidos No. 33-18, estableciendo restricciones al financiamiento público para aquellas organizaciones que incurran en violaciones como la recepción de fondos ilícitos o de origen no comprobado.
Entre las disposiciones se incluyen sanciones por incumplir normas de verificación de aportantes, trazabilidad de los recursos y reporte de operaciones sospechosas, así como la prohibición de realizar gastos fuera de los límites legales establecidos.
El proyecto también contempla que los partidos deberán implementar sistemas internos de control, designar unidades de cumplimiento y aplicar medidas de debida diligencia para prevenir la infiltración de recursos vinculados a actividades ilícitas.
Además, la Junta Central Electoral (JCE) tendrá un rol clave en la supervisión, con facultad para investigar irregularidades y coordinar acciones con la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio Público.
La propuesta busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el financiamiento político, aunque su efectividad dependerá de la capacidad de las instituciones para aplicar las normas respetando el debido proceso y evitando discrecionalidades.
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