Santo Domingo.- El Ministerio Público sometió a la justicia a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como presunto cabecilla de una estructura criminal acusada de estafar a una entidad financiera por más de RD$200 millones.
El juez Rigoberto Sena aplazó para este miércoles 20 de mayo de 2026 la audiencia de medida de coerción contra los primeros arrestados, tras acoger una solicitud de las defensas que pidieron más tiempo para presentar sus presupuestos.
Las autoridades han solicitado un año de prisión preventiva contra los implicados y que el caso sea declarado complejo, debido a la magnitud y gravedad de los hechos investigados.
Cepeda Núñez, exempleado de la entidad afectada, fue arrestado luego de entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Con este nuevo sometimiento, suman diez los imputados vinculados al caso, entre ellos Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil expresó su confianza en que el sistema judicial impondrá prisión preventiva, considerando la multiplicidad de delitos atribuidos a la presunta red.
Según el expediente, la estructura criminal se dedicaba a captar personas para obtener fondos de manera fraudulenta, incurriendo en delitos como estafa agravada, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Durante un operativo realizado en el Gran Santo Domingo, las autoridades ejecutaron nueve allanamientos simultáneos con apoyo de la Policía Nacional, logrando incautar vehículos de alto valor, más de 25 relojes de lujo de marcas como Rolex e Invicta, un arma de fuego ilegal, dinero en efectivo, computadoras portátiles y teléfonos móviles.
El Ministerio Público informó que solicitará la fusión de los expedientes para que la medida de coerción sea conocida de manera conjunta para todos los imputados.
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