El Gobierno de Panamá oficializó una nueva regulación para los servicios de transporte por plataformas digitales como Uber e InDrive, clasificándolos como “taxis de lujo” y sometiéndolos a estrictos controles estatales.
La medida, emitida mediante decreto ejecutivo, establece que estas plataformas operarán exclusivamente como intermediarias tecnológicas, bajo supervisión de la Autoridad de Tránsito Terrestre, que tendrá a su cargo el registro, control y fiscalización del servicio.
Entre las disposiciones más relevantes, se incluye la regulación de tarifas, la prohibición a las plataformas de adquirir o administrar flotas de vehículos y la exigencia de una licencia especial para los conductores.
Asimismo, el decreto establece que los choferes deberán ser ciudadanos panameños, contar con licencia vigente para transporte público, no tener antecedentes penales recientes y estar libres de multas.
Las unidades deberán cumplir condiciones específicas como buen estado físico, aire acondicionado, identificación visible de la plataforma y permitir pagos tanto electrónicos como en efectivo.
La normativa también busca frenar la “piratería” en el transporte, estableciendo sanciones para quienes operen fuera del marco legal.
En Panamá, plataformas como Uber e InDrive operan principalmente en la capital y en el entorno del Aeropuerto Internacional de Tocumen, siendo una opción de transporte ampliamente utilizada por residentes y turistas.
Esta decisión marca un giro en la regulación del transporte digital en la región, en medio de debates sobre competencia, regulación y el impacto de estas plataformas en el mercado tradicional.
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