A dos meses de la captura de Nicolás Maduro, Venezuela atraviesa un escenario de transición marcado por tensiones políticas, reacomodos institucionales y una fuerte presión internacional. El expresidente depuesto permanece en Nueva York a la espera del avance de su juicio en la Corte Federal de Manhattan.
Durante la madrugada del 3 de febrero, fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaron la denominada “Operación Resolución Absoluta” para extraer a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Tras ser trasladados a territorio estadounidense, ambos se declararon no culpables el 5 de enero de cuatro cargos federales, entre ellos narcotráfico.
Desde entonces, Washington anunció que supervisará la transición política en Venezuela, mientras Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina. El gobierno de Donald Trump indicó que su prioridad será la seguridad y una reestructuración institucional antes de cualquier proceso electoral.
En el plano interno, la oposición comenzó a reactivarse. María Corina Machado anunció su regreso al país en las próximas semanas, mientras el excandidato Enrique Márquez expresó su intención de participar en la transición y llamó a la unidad nacional.
Por su parte, Delcy Rodríguez solicitó el levantamiento del bloqueo y las sanciones comerciales, proponiendo una nueva agenda de cooperación con Estados Unidos.
En el ámbito judicial, el caso contra Maduro y Flores está bajo la responsabilidad del juez Alvin K. Hellerstein. Enfrentan acusaciones por conspiración de narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y otros delitos federales. La próxima audiencia fue fijada para el 26 de marzo, tras un aplazamiento solicitado por la fiscalía.
La defensa del exmandatario también ha pedido desestimar los cargos, alegando obstáculos para financiar su representación legal, luego de que el Departamento del Tesoro revocara una autorización que permitía cubrir honorarios con fondos del gobierno venezolano.
El futuro inmediato de Venezuela permanece abierto, entre la transición política, el debate sobre sanciones y el proceso judicial que podría redefinir el panorama institucional del país.
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