WASHINGTON.– Más de un centenar de compañías presentaron demandas contra el presidente Donald Trump luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegales la mayoría de los aranceles globales impuestos durante su administración.
El fallo, emitido el pasado 20 de febrero con una votación de 6 a 3, determinó que el entonces mandatario actuó fuera del marco legal al aplicar gravámenes sin una autorización clara del Congreso, lo que representó un golpe significativo a su política comercial.
Las empresas demandantes buscan claridad jurídica y posibles reembolsos de los miles de millones de dólares recaudados bajo el esquema arancelario ahora invalidado. El sector empresarial ha manifestado preocupación ante la incertidumbre sobre la devolución de esos fondos y las implicaciones fiscales derivadas del fallo.
En la opinión mayoritaria, redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, se estableció que una facultad de tal magnitud requiere autorización legislativa explícita. “El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió Roberts.
La decisión abre un nuevo frente judicial en torno a la política comercial aplicada por la Casa Blanca y podría generar repercusiones económicas y legales de amplio alcance en el comercio internacional.
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