Por Miguelina Ramírez.-La reforma de la Policía Nacional surge en un contexto de cuestionamientos históricos a la institución: denuncias de uso excesivo de la fuerza, debilidades en los procesos disciplinarios y una persistente percepción de desconfianza ciudadana.
Frente a ese escenario, el gobierno del presidente Luis Abinader puso en marcha un proceso de transformación estructural que, según las autoridades, busca redefinir el modelo policial dominicano.
La reforma contempla la revisión de protocolos de actuación, la actualización curricular en la formación de agentes y la implementación de un nuevo modelo de patrullaje enfocado en la prevención.
Según datos oficiales recabados, entre los años 2024 y 2025 el Estado dominicano ha destinado RD$ 8,389.8 millones al proceso de transformación policial, incluyendo equipamiento, logística, reclutamiento y capacitación de nuevos agentes.

Se habla de profesionalización, ética institucional y mayor supervisión interna. Sin embargo, especialistas en derecho advierten que transformar una institución con décadas de prácticas arraigadas implica más que modificar reglamentos: requiere cambios en la cultura organizacional, en los sistemas de incentivos y en los mecanismos reales de rendición de cuentas.
Por su parte, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha resaltado los avances del proceso, destacando la capacitación de los agentes y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana como ejes centrales de la reforma.
Uno de los puntos clave será medir el impacto real en las calles: reducción de denuncias por abuso, mayor confianza pública y mejora en la percepción de seguridad.
En las calles, la percepción de la reforma se mezcla con la experiencia cotidiana. Algunos ciudadanos consideran que la seguridad continúa fragmentada y que la presencia policial aún no cubre todas las zonas; otros observan cambios visibles, como patrullas más frecuentes y respuestas más rápidas ante emergencias.
Estas impresiones reflejan que la transformación policial no solo se mide en cifras o decretos, sino en la forma en que la ciudadanía vive y percibe la seguridad cada día.
La reforma policial está en marcha. El tiempo, la transparencia y los resultados determinarán su verdadero alcance.
