Por Miguelina Ramírez.–Durante un recorrido por distintas calles de la capital, ciudadanos consultados manifestaron su preocupación ante el incremento de personas con aparentes trastornos de salud mental deambulando en la vía pública.
Comunitarios señalaron que el cierre del centro conocido como “28” ha generado consecuencias visibles, ya que, según expresaron, muchas de estas personas no estarían recibiendo el tratamiento adecuado, lo que podría provocar un deterioro progresivo de su condición.
Los residentes indicaron que la situación no solo representa un tema de seguridad ciudadana, sino principalmente un asunto de salud pública y derechos humanos. Consideran que quienes padecen condiciones mentales requieren protección, seguimiento especializado y acceso a servicios médicos oportunos.
En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que implementen medidas urgentes orientadas a trasladar a estas personas a centros seguros, donde puedan recibir atención médica, apoyo psicológico y acompañamiento social.
Finalmente, insistieron en la necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia de salud mental, a fin de evitar que más ciudadanos en condiciones vulnerables permanezcan desatendidos en las calles del país.
About the Author
