POR YAMILKA CONTRERAS.- A más de cinco meses de haberse solicitado formalmente la destitución del director del Consejo Estatal del Azúcar, Rafael Burgos Gómez, y tras su sometimiento ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, representantes de Derechos Humanos denunciaron que persiste un silencio institucional que genera preocupación y cuestionamientos.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, advirtió que la falta de respuestas oficiales ante las denuncias de presunta apropiación irregular de terrenos coloca en estado de indefensión jurídica al ciudadano Juan Rivera Cordero, señalado como legítimo adquirente de más de 21,000 metros cuadrados en la Parcela 21-C-2.
Mercedes sostuvo que la situación no solo compromete la seguridad jurídica del inversionista, sino que también podría traducirse en la pérdida irreversible de su patrimonio, en un contexto donde —según afirmó— deben prevalecer el respeto al derecho de propiedad y la transparencia administrativa.
El dirigente llamó la atención sobre la necesidad de que las autoridades actúen con celeridad, subrayando que la inacción institucional puede debilitar la confianza en los mecanismos de control y fiscalización del Estado.
En ese sentido, la Comisión hizo un llamado urgente al Ministerio Público, a la PEPCA y a instancias del Poder Ejecutivo para que adopten medidas inmediatas que garanticen la ejecución de la orden presidencial correspondiente, la protección del derecho de propiedad adquirido de buena fe, la investigación exhaustiva de las denuncias de corrupción y la preservación del patrimonio del Estado dominicano.
El pronunciamiento reabre el debate sobre la seguridad jurídica en procesos vinculados a bienes estatales y la necesidad de respuestas claras ante denuncias que involucran instituciones públicas.
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