YAKARTA. – Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático y el país con la población musulmana más numerosa del mundo, implementará a partir del 1 de marzo una normativa que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 13 años, como parte de un esfuerzo por reforzar la protección digital de niños y adolescentes.
La medida establece que los menores de 13 años solo podrán utilizar plataformas digitales diseñadas específicamente para niños y sin funciones de comunicación entre usuarios. En el caso de adolescentes entre 13 y 16 años, podrán acceder únicamente a redes consideradas de “riesgo bajo” y siempre con el consentimiento de sus padres o tutores.
Aunque las autoridades no han detallado qué empresas han sido clasificadas dentro de esa categoría, la normativa podría impactar a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, que cuentan con millones de usuarios en el país.
Según el texto legal, el nivel de riesgo de cada plataforma será determinado por criterios como la posibilidad de contacto con desconocidos, la exposición a contenido pornográfico o violento, la seguridad de los datos personales, así como el potencial de generar adicción o afectar la salud mental.
La legislación contempla sanciones para las empresas que incumplan la norma, incluyendo multas, suspensión temporal del servicio e incluso el cierre definitivo de operaciones en territorio indonesio.
Indonesia se suma así a la tendencia internacional de endurecer los controles sobre el uso de redes sociales por parte de menores. En Australia, por ejemplo, se implementó en diciembre pasado una prohibición para menores de 16 años. En Europa, países como Francia y Reino Unido han reforzado mecanismos de verificación de edad, mientras que España evalúa elevar restricciones y exigir mayor responsabilidad a directivos de compañías tecnológicas.
El nuevo marco regulatorio indonesio busca equilibrar el acceso a la tecnología con la protección de la infancia, en un contexto global donde la seguridad digital y la salud mental de los menores se han convertido en prioridades de política pública.
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