El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró este martes que los recursos de apelación interpuestos por las defensas de varios imputados en el caso de corrupción administrativa que afectó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) carecen de fundamentación jurídica suficiente para que el tribunal varíe las medidas de coerción impuestas en primera instancia.
Camacho, quien dirige la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, sostuvo ante los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que la solidez de la acusación presentada por el órgano persecutor justifica plenamente la permanencia de las medidas coercitivas.
En ese contexto, el magistrado solicitó al tribunal rechazar en todas sus partes los recursos sometidos por Rafael Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y otros procesados, al considerar que los argumentos planteados por la defensa no desvirtúan la decisión recurrida.
Al presentar las conclusiones del Ministerio Público, Camacho indicó que la resolución impugnada no adolece de los vicios señalados por los recurrentes, y que el tribunal de primer grado actuó conforme a derecho al imponer las medidas de coerción, atendiendo a la gravedad de los hechos imputados y al riesgo procesal existente.
El caso SeNaSa es uno de los procesos de corrupción administrativa de mayor impacto reciente, debido a las alegadas irregularidades que habrían perjudicado a miles de afiliados del sistema público de salud, por lo que el Ministerio Público reiteró su compromiso de llevar el proceso hasta las últimas consecuencias dentro del marco del debido proceso y el respeto a la ley.
About the Author
