El abogado Miguel Valerio, representante legal de Santiago Hazim, afirmó este martes que la resolución que impuso prisión preventiva a su defendido es arbitraria, desmedida y desproporcionada, razón por la cual fue interpuesto un recurso de apelación contra la decisión judicial.
Valerio explicó que la defensa impugnó la resolución 0668-2025-SMDC-02421, emitida por el juez Rigoberto Sena Ferreras, presidente del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, al considerar que el magistrado asumió atribuciones propias de un juez de fondo, vulnerando principios fundamentales del Estado de derecho.
El jurista sostuvo que la decisión carece de proporcionalidad frente a las garantías constitucionales y procesales, y reiteró que la defensa confía en que el tribunal de alzada corregirá lo que calificó como excesos en la aplicación de la medida de coerción.
El proceso judicial forma parte del denominado caso SeNaSa, en el que el Ministerio Público investiga un presunto entramado de corrupción que habría ocasionado un perjuicio millonario a la Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Varios de los imputados solicitaron la revisión de la medida que los mantiene privados de libertad desde el pasado 14 de diciembre.
Actualmente, permanecen en prisión preventiva Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes recurrieron la imposición de 18 meses de coerción. En tanto, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella cumplen arresto domiciliario, con garantía económica y prohibición de salida del país.
Al grupo se le imputan, de manera presunta, delitos que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, cargos que serán conocidos por los tribunales en las etapas correspondientes del proceso.
La decisión sobre la apelación marcará el rumbo inmediato del caso, uno de los procesos judiciales de mayor impacto en el ámbito de la seguridad social del país.
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