En un contexto donde la crisis del agua continúa siendo una preocupación creciente para amplios sectores de la población, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) anunció un aumento en la tarifa del servicio de agua potable, medida que impactará a miles de usuarios en el Gran Santo Domingo.
El ajuste tarifario, que entró en vigencia a partir de este mes, contempla incrementos que oscilan entre 6 y 28 pesos, dependiendo del nivel de consumo y del sector al que pertenezca el usuario, según informó la institución.
De acuerdo con la CAASD, la medida responde a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio, cubrir los costos operativos y sostener las labores de mantenimiento del sistema. Las autoridades explicaron que los aumentos serán diferenciados, de modo que los sectores con mayor capacidad económica asuman un porcentaje proporcionalmente más alto.

No obstante, el anuncio ha generado reacciones encontradas. Diversos sectores sociales han manifestado su preocupación por la carga económica adicional que representará el aumento para familias de zonas vulnerables y barrios populares, donde el acceso regular al agua sigue siendo limitado.
Residentes de sectores como Ciudad Nueva señalaron que, en comunidades donde el suministro constante de agua es irregular, el incremento en la tarifa resulta especialmente sensible, al no ir acompañado, según indican, de mejoras visibles en la calidad y frecuencia del servicio.
Algunos usuarios aseguraron que la nueva tarifa ya se refleja en la factura correspondiente a este mes, lo que ha generado incertidumbre sobre el impacto inmediato en sus finanzas personales y en el presupuesto familiar.
Entre las principales quejas de la población figuran la falta de suministro regular, la desigualdad en el acceso al agua y la necesidad de mayor transparencia en la facturación. Ante estos reclamos, la CAASD sostuvo que el ajuste tarifario forma parte de un plan para mejorar la eficiencia del sistema y, a mediano plazo, optimizar el servicio ofrecido a los ciudadanos.
Mientras tanto, el aumento mantiene abierto el debate público sobre el equilibrio entre sostenibilidad financiera, calidad del servicio y protección de los sectores más vulnerables frente al alza en los costos de los servicios básicos.
