La defensa del cantante Julio Iglesias solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el archivo de la investigación abierta a raíz de una denuncia por presuntas agresiones sexuales, alegando la “ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles” para conocer hechos que, según la acusación, habrían ocurrido fuera de España, en el Caribe.
En un escrito recogido por Europa Press, el abogado José Antonio Choclán pidió al Ministerio Fiscal tener por personada a la defensa y dar carpetazo a las diligencias por entender que los supuestos hechos no guardan conexión territorial suficiente con España. La representación legal sostiene que, más allá de la nacionalidad española del artista, este no reside habitualmente en territorio español, sino en el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos.
El documento añade que las denunciantes no tendrían nacionalidad española ni residencia habitual en España y que tampoco serían menores de edad, por lo que —según la defensa— la denuncia debió presentarse ante las autoridades del lugar de comisión. “El primer acto procesal no puede ser la elección de la jurisdicción que resulte más conveniente”, argumenta el escrito.
Asimismo, la defensa insta a la Fiscalía a frenar lo que califica como una “campaña mediática” que estaría causando un “grave daño reputacional” al artista. En caso de que el Ministerio Público decida tomar declaración a las denunciantes como testigos protegidos, el abogado solicita intervenir para “acreditar la falsedad de las imputaciones y defender el honor” de su representado.
El propio Iglesias publicó recientemente un mensaje en su cuenta de Instagram en el que negó de forma categórica las acusaciones, calificándolas de “absolutamente falsas”, y expresó su “gran tristeza” por la situación, asegurando que mantiene “fuerzas” para que se conozca “toda la verdad” y para defender su dignidad.
Las denuncias fueron difundidas a partir de una investigación periodística elaborada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, que recoge testimonios de dos antiguas trabajadoras —una empleada doméstica y una fisioterapeuta— quienes aseguran haber sufrido tocamientos, humillaciones y presiones durante su jornada laboral.
De acuerdo con la investigación, los hechos denunciados se habrían producido en residencias del artista en Punta Cana y Lyford Cay, y formarían parte de un contexto laboral descrito por las fuentes como jerárquico y de control. La publicación sostiene que los testimonios fueron recabados durante tres años y contrastados con diversa documentación.
El caso se encuentra en fase preliminar, a la espera de que la Fiscalía determine si mantiene abiertas las diligencias o acepta la solicitud de archivo planteada por la defensa. Desde La Tora TV 69, se da seguimiento informativo al proceso con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a todas las partes involucradas.
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