La abogada Laura Acosta aseguró que el caso relacionado con el Seguro Nacional de Salud (Senasa) pudo haber sido desmantelado desde hace al menos tres años, al sostener que el Ministerio Público contaba con pruebas clave desde el año 2022, pero decidió no actuar oportunamente.
Acosta, quien forma parte de la defensa del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, explicó que uno de los testigos presentados por el órgano acusador, José Pablo Ortiz, también vinculado al denominado caso Calamar, habría registrado ingresos irregulares, información que —según afirma— ya estaba en manos del Ministerio Público.
De acuerdo con la jurista, pese a conocer estos datos, el Ministerio Público optó por ocultar los vínculos de Ortiz con el caso Senasa, para presentarlo posteriormente como “testigo contra Gonzalo Castillo”, sin tomar en cuenta los cuestionamientos que pesaban sobre su situación financiera.
“Verificamos los datos del expediente y queda claro que esa información estaba disponible desde 2022. Aun así, se omitió deliberadamente para sostener una narrativa acusatoria”, expresó Acosta al referirse al manejo del proceso judicial.
Las declaraciones reavivan el debate sobre la transparencia en la selección de testigos, el manejo de las pruebas y el debido proceso en los casos de alto perfil que investiga el Ministerio Público, especialmente aquellos vinculados a presuntos actos de corrupción estatal.
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