La trágica muerte de la menor Brianna Genao González, ocurrida en el municipio de Puerto Plata, ha generado una profunda conmoción nacional y ha reactivado el debate legislativo sobre la posible aplicación de la castración química como sanción para agresores sexuales reincidentes, propuesta actualmente en discusión en el Congreso Nacional.
El tema volvió a la agenda pública luego de que legisladores expresaran posiciones encontradas sobre la pertinencia de incorporar esta medida en el Código Penal dominicano, en respuesta a crímenes de extrema gravedad que involucran a menores de edad.
Durante las discusiones, el senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, cuestionó la falta de sanciones que, a su juicio, resulten verdaderamente disuasivas frente a delitos sexuales, señalando que el Estado debe revisar con urgencia el marco punitivo vigente ante una realidad social cada vez más compleja.
En la misma línea, la diputada Rafaela González reiteró su respaldo a la implementación de la castración química, al considerar que se trata de una herramienta que podría contribuir a reducir la reincidencia en casos de abuso sexual infantil, siempre bajo regulación legal estricta.
Por su parte, el diputado José David Báez, del partido Fuerza del Pueblo, reconoció que la propuesta merece ser evaluada, pero advirtió que cualquier decisión debe ajustarse a la Constitución dominicana y a los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos.
Se recuerda que la iniciativa legislativa fue introducida en el Senado el 13 de junio de 2025, aunque hasta el momento no ha sido enviada a una comisión de estudio. Se prevé que en una próxima sesión de la Cámara Alta el proyecto sea remitido a la Comisión de Justicia para su análisis formal.
El debate continúa abierto en el Congreso Nacional, mientras distintos sectores de la sociedad reclaman respuestas firmes del Estado ante crímenes que han sacudido la conciencia colectiva del país.
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