Cuando restaban dos meses para concluir el año 2025, al menos 243 mil trabajadores del sector formal en la República Dominicana no percibían ingresos suficientes para cubrir el costo de los bienes y servicios correspondientes al primer quintil de la canasta familiar, de acuerdo con registros oficiales de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
Hasta octubre de 2025, 242,778 empleados figuraban con salarios cotizables inferiores a RD$15,000 mensuales, una cifra muy por debajo del costo del primer quintil de la canasta familiar, que se situó en RD$28,618.9, generando una brecha de RD$13,618.9 entre ingresos y costo de vida básico.
Del total de trabajadores en esta condición, 149,105 devengaban entre RD$10,000 y RD$15,000, 83,877 percibían ingresos entre RD$5,000 y RD$10,000, mientras que 9,796 empleados registraban salarios inferiores a RD$5,000. La mayor concentración de estos asalariados se encontraba en el rango de edad de 31 a 55 años, con 82,952 cotizaciones, evidenciando que el fenómeno afecta principalmente a la población laboralmente activa y productiva.
Aunque estos salarios representaban el 8.8 % del total de cotizaciones registradas en octubre de 2025, el panorama se torna más crítico al compararlos con el costo de la canasta familiar nacional, que alcanzó RD$47,796.8 en ese mismo período. Bajo este parámetro, el 62.7 % de los trabajadores formales no generaba ingresos suficientes para cubrir los bienes y servicios básicos de una familia promedio.
Las estadísticas oficiales reflejan además que 1,336,764 cotizaciones correspondían a salarios entre RD$15,000 y RD$30,000, equivalentes al 53.1 % del total de 2,517,492 cotizaciones registradas en octubre de 2025, lo que confirma que una proporción significativa de la fuerza laboral formal se mantiene en niveles de ingreso ajustados frente al costo de la vida.
Estos datos ponen de relieve los desafíos estructurales del mercado laboral dominicano en materia de salarios reales, poder adquisitivo y costo de la vida, abriendo el debate sobre la necesidad de políticas públicas orientadas a mejorar los ingresos, fortalecer la productividad y garantizar condiciones laborales que permitan una vida digna a la población trabajadora.
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