El Gobierno de Estados Unidos presentó ante el Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York un documento de 25 páginas que acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro y a miembros de su cúpula de dirigir un imperio internacional de narcotráfico desde 1999. La acusación, registrada bajo el caso “S4 11 Cr. 205 (AKH)”, detalla cómo altos funcionarios estatales supuestamente convirtieron a Venezuela en una plataforma logística del narcotráfico hacia EE.UU. y Europa.
El informe señala que, junto a Maduro, estarían implicados su esposa Cilia Flores, su hijo Nicolás Maduro Guerra, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín y líderes criminales como Héctor “Niño Guerrero”, del Tren de Aragua. Según la acusación, el grupo utilizó ministerios, puertos, aeropuertos, fuerzas armadas y cuerpos diplomáticos para transportar cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, mientras recibían dinero, armas y poder político.
El documento detalla rutas de tráfico que incluyen Colombia, Centroamérica, el Caribe y ciudades como Nueva York, Miami, París y Ciudad de México, así como la colaboración con grupos como FARC, ELN, Cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua. Se menciona incluso el uso de jets oficiales de PDVSA, pasaportes falsos y escoltas armadas para facilitar los envíos.
Entre los hechos más llamativos, la acusación describe cómo, en 2006, 5,5 toneladas de cocaína fueron transportadas bajo protección de la Guardia Nacional hacia México, y cómo en 2013 Maduro respondió a la incautación de 1,3 toneladas de droga en un vuelo hacia París, reorganizando las rutas clandestinas desde el hangar presidencial.
Los acusados enfrentan cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína a EE.UU., uso de armamento bélico y posesión de artefactos destructivos en apoyo al narcotráfico, con posibles penas de cárcel, decomiso de bienes y congelamiento de cuentas.
Esta acusación marca un punto de quiebre histórico, ya que Estados Unidos no solo reconoce a Maduro como un líder autoritario, sino como criminal internacional, con implicaciones legales y diplomáticas que podrían afectar el futuro político de Venezuela y la región.
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