La defensa técnica de uno de los imputados en el caso SeNaSa aseguró este jueves que las imputaciones formuladas por el Ministerio Público contra su representado presentan un nivel de lesividad limitado, en comparación con el volumen total del presunto perjuicio económico atribuido al entramado investigado.
El abogado Carlos Balcácer, al ofrecer declaraciones tras la suspensión de la audiencia de medida de coerción, sostuvo que en el caso de Rafael Martínez Hazim solo se le atribuye una presunta estafa vinculada a montos significativamente menores a los más de 15 mil millones de pesos señalados en el expediente general.
Según explicó, la acusación establece que de una facturación aproximada de 15 millones de pesos, alrededor del 33 % habría sido reportado, lo que representaría una suma cercana a los cuatro millones de pesos. La defensa afirmó que dichos servicios fueron ejecutados y que no existe evidencia pericial que demuestre lo contrario.
Asimismo, el abogado indicó que el Ministerio Público reconoce que una parte sustancial de las operaciones fue debidamente reportada, y reiteró que su defendido no enfrenta cargos adicionales ni está obligado a colaborar señalando a otros imputados, al entender que su caso no alcanza los niveles de gravedad que justificarían esa figura procesal.
En relación con los cuestionamientos sobre la exposición pública de los imputados durante el proceso, la defensa manifestó que se trata de una situación lamentable, pero que forma parte de las dinámicas propias del sistema penal, reiterando su confianza en que el tribunal valore la proporcionalidad de las medidas solicitadas.
La audiencia fue aplazada para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando se espera que concluyan los argumentos pendientes y el tribunal decida sobre la solicitud de coerción presentada por el Ministerio Público en el marco de la Operación Cobra.
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