El Senado de la República aprobó de manera unánime la reforma al Código Procesal Penal, decisión que marca un paso decisivo para garantizar la continuidad del sistema de justicia y evitar un retroceso normativo que afectaría procesos iniciados desde 2015.
Los senadores coincidieron en que era urgente aprobar la normativa, debido a que varios artículos del código vigente habían sido declarados inconstitucionales, lo que provocaría, a partir del 11 de diciembre, la obligación de aplicar nuevamente la versión del año 2002, con efectos negativos sobre miles de expedientes judiciales.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó que la aprobación responde al compromiso institucional de cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional y asegurar estabilidad jurídica. Señaló que el Congreso actuó con responsabilidad para evitar que el país entrara en una situación de inseguridad procesal.
Aunque la Constitución establece un plazo de diez días para la promulgación de leyes, los legisladores recordaron que la sentencia del Tribunal Constitucional reduce ese periodo a seis días tratándose de esta reforma, por lo que el Poder Ejecutivo deberá actuar en consecuencia.
Por su parte, el senador Ramón Rogelio Genao afirmó que la aprobación preserva la operatividad del sistema penal y permite avanzar hacia un marco jurídico actualizado que responda a las necesidades actuales del país.
Algunos de los artículos más debatidos giraron en torno a la extinción y extensión de plazos judiciales, aspectos que sectores sociales consideran sensibles para las garantías procesales. Sin embargo, los legisladores reiteraron que cualquier ajuste posterior podrá realizarse mediante las modificaciones que el Congreso considere pertinentes.
El senador Omar Fernández señaló que la pieza aprobada incorpora más de 30 modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados, y que el Congreso está abierto a revisar nuevas propuestas en etapas posteriores. De igual forma, el senador Héctor Acosta valoró que la reforma permitirá la aplicación coherente del recientemente aprobado Código Penal, cuyo funcionamiento depende directamente de la normativa procesal.
Los legisladores coincidieron en que la aprobación del Código Procesal Penal representa un avance significativo para la administración de justicia y evita que el país retroceda más de dos décadas en materia legislativa.
About the Author
