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El aspirante presidencial del Partido Generación de Servidores (GenS), Carlos Peña, llamó al senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, y a su organización política Fuerza del Pueblo, a renunciar a los recursos que reciben del financiamiento público otorgado por la Junta Central Electoral (JCE), estimados en cerca de 3,000 millones de pesos, y destinar dichos fondos a apoyar la reclamada indexación salarial de los trabajadores dominicanos.
Peña cuestionó la posición del senador Fernández respecto a la defensa de los derechos laborales, indicando que una muestra concreta de compromiso sería renunciar a los fondos públicos que recibe su partido. Recordó que Generación de Servidores ha renunciado oficialmente a ese financiamiento, asegurando que sus planteamientos se sustentan en acciones y no solo en discursos.
El dirigente explicó que durante la campaña electoral pasada fue el único candidato presidencial que propuso la eliminación del Impuesto Sobre la Renta, incluyendo el que pagan los trabajadores. Según señaló, esta medida haría innecesaria la indexación salarial, al permitir que cada empleado reciba el 100 % de sus ingresos sin cargas impositivas.
Peña afirmó que la postura de GenS a favor de la reducción o eliminación de impuestos responde a principios conservadores basados en la defensa de la libertad económica, y lamentó que Fuerza del Pueblo no haya respondido a la propuesta enviada por su organización al Congreso, mediante la cual solicitaban eliminar el financiamiento público de los partidos políticos. Esa medida —de acuerdo con Peña— permitiría redirigir 10 mil millones de pesos al beneficio directo de los trabajadores mediante la indexación salarial.
Finalmente, instó nuevamente al senador Fernández y a Fuerza del Pueblo a “pasar del discurso a los hechos” renunciando a los recursos que reciben a través del financiamiento público, señalando que sería la única forma de demostrar coherencia con su postura sobre la mejora salarial. Reiteró que GenS es el primer y único partido político en la historia del país que ha renunciado voluntariamente a los fondos estatales asignados por ley.
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