El Ministerio Público calificó como una desconsideración hacia las víctimas y una burla al proceso penal la renuncia colectiva de los abogados que representaban al imputado Emmanuel Rivera Ledesma, señalado como cabecilla de la red desmantelada mediante la Operación Nido, dedicada a la estafa de cientos de personas mediante supuestos proyectos inmobiliarios.
Las procuradoras de corte Magalys Sánchez y Laura Vargas Toledo deploraron la conducta asumida por la defensa técnica del acusado, la cual abandonó el juicio cuando este se encontraba en fase final, luego de que el órgano acusador agotara más de dos meses de presentación de pruebas.
Sánchez señaló que, aunque una de las abogadas alegó razones personales relacionadas con su embarazo, la otra defensa —del bufete Fortiori Consultores Legales— también presentó renuncia sin justificar su decisión, rompiendo el principio de inmediación y provocando un retraso injustificado en un caso con alto impacto social.
El Ministerio Público advirtió que esta conducta afecta de manera directa a las víctimas, quienes han asumido gastos de vuelos, honorarios y traslados para poder asistir a las audiencias del proceso.
“Han revictimizado nuevamente a quienes ya fueron perjudicados, obligándolos a enfrentar un proceso más largo y costoso”, afirmó Sánchez.
Tras la renuncia, los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Méndez Batista, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, aplazaron la audiencia para el 9 de diciembre, fecha límite en la que el imputado deberá presentar un nuevo abogado o proceder con representación de la Defensoría Pública.
Sobre el caso
El expediente del Ministerio Público detalla cómo la red, liderada por Rivera Ledesma, utilizó las empresas Indisarq SRL y CRD Equipos Pesados SRL como fachada para ofertar proyectos inmobiliarios ficticios, captando sumas millonarias de víctimas nacionales e internacionales.
De acuerdo con la acusación, los implicados recibieron más de RD$235 millones y más de US$10 millones, monto que no fue destinado a la construcción de ninguna de las propiedades prometidas.
Entre los imputados también figuran Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera Pichardo, y las empresas vinculadas al entramado.
La investigación reveló que el cabecilla utilizó nombres de figuras públicas para generar confianza y que, tras el estallido del caso, intentó persuadir a las víctimas para que retiraran sus denuncias, firmando nuevos contratos fraudulentos como método de obstrucción.
La red fue desmantelada tras 25 allanamientos realizados en varias provincias del país, donde fueron incautados bienes, documentos y propiedades adquiridas con fondos de las víctimas.
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