Organizaciones de la sociedad civil y expertos en economía advirtieron que el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 mantiene un enfoque centrado en la estabilidad macroeconómica, sin abrir espacio para políticas de justicia fiscal, redistribución equitativa del crecimiento económico ni fortalecimiento de un Estado social orientado a garantizar derechos.
La publicación “Un presupuesto sin pacto”, presentada este martes, plantea que el diseño presupuestario continúa siendo una operación técnica basada en ajustes numéricos, sin responder a las interrogantes esenciales sobre prioridades sociales y distribución justa de los recursos públicos. La autora del estudio, la economista Rosa Cañete Alonso, afirmó que hablar de política fiscal es hablar directamente de derechos, señalando que el país necesita una discusión más profunda y orientada al bienestar colectivo.
Cañete enfatizó la urgencia de revisar las exenciones fiscales, señalando que el 55 % de estos incentivos está dirigido a empresas sin que exista una evaluación clara de sus resultados. Asimismo, insistió en la necesidad de profesionalizar la administración pública y reorientar los recursos hacia inversión social y productiva que impulse el desarrollo sostenible.
Durante la presentación, Ricardo González, representante del Movimiento por una Justicia Fiscal, reiteró que la República Dominicana no puede continuar aprobando presupuestos sin avanzar hacia un pacto fiscal integral, que elimine privilegios, redistribuya responsabilidades tributarias y coloque los derechos ciudadanos en el centro del debate.
Este análisis se suma a los esfuerzos del Movimiento Justicia Fiscal, integrado por diversas organizaciones sociales que demandan que cualquier reforma o ajuste fiscal se construya de forma transparente, participativa e inclusiva, incorporando criterios de equidad y justicia tributaria para reducir desigualdades y fortalecer la confianza en las instituciones públicas.
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