El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró en rebeldía a la empresa Industria Soltex Dominicana S.R.L., vinculada al imputado José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), luego de que su representante legal no compareciera a la audiencia preliminar programada para este lunes, atendiendo a la solicitud del Ministerio Público.
La jueza Yanibet Rivas ordenó un receso y aplazó la audiencia para el 15 de diciembre, tras acoger parcialmente la petición de la defensa, que solicitó más tiempo para estudiar la acusación. Aunque los abogados pidieron un plazo de entre 45 y 60 días, el Ministerio Público –representado por el fiscal Jonathan Pérez Fulcar– argumentó que 25 días es más que suficiente para examinar las 338 páginas que componen la acusación formal.
Según la investigación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Industria Soltex Dominicana habría participado en operaciones de lavado de activos, contrabando y corrupción administrativa, como parte del entramado desmantelado mediante la Operación Camaleón.
La acusación involucra a 10 personas físicas y 7 empresas, señaladas por participar en un esquema que operó principalmente desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Defensa, mediante contratos irregulares destinados al desvío de fondos públicos y la ejecución de operaciones ilícitas.
Entre los imputados figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant; Jochi Gómez, propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda; Frank Atilano Díaz Warden; Juan Francisco Álvarez Carbuccia; Carlos José Peguero Vargas, así como Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Felipe Casso.
Las empresas señaladas en la estructura criminal incluyen Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
De acuerdo con la acusación, Jochi Gómez figura como el eje principal del esquema, manteniendo vínculos societarios, financieros y operativos que permitieron el desvío de fondos, el lavado de activos y la manipulación tecnológica de infraestructuras críticas del Estado.
El caso fue declarado complejo en octubre de 2024, imponiéndose medidas de coerción contra varios de los señalados, mientras continúan avanzando las etapas procesales del expediente.
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