La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), presidida por el magistrado Rafael Vásquez Goico, ratificó la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena al Estado dominicano pagar una indemnización de RD$10,912,792.00 a Affe Gutiérrez Gil, tras ser declarado víctima de prisión preventiva injusta y abuso de poder por parte de las autoridades judiciales.
La decisión desestima el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República, y confirma lo que se considera la compensación más alta otorgada en el país por privación de libertad sin justificación, estableciendo un precedente histórico en el Derecho Administrativo dominicano.
“Esta sentencia tiene un valor simbólico. Ninguna cantidad de dinero puede devolver el tiempo perdido ni el sufrimiento vivido”, expresó Affe Gutiérrez, quien también lamentó que las autoridades no hayan ofrecido disculpas públicas ni sancionado a los responsables de su persecución.
UNA DÉCADA DE INJUSTICIA Y PERSECUCIÓN
El caso de Gutiérrez se remonta a 2008, cuando, tras su matrimonio con la periodista Sarah Pepén, fue expulsado de la Policía Nacional y acusado falsamente de homicidio. En 2009, fue arrestado de manera preventiva sin pruebas concluyentes, mientras un testigo clave admitió posteriormente haber sido sobornado para involucrarlo falsamente.
Durante su proceso, Gutiérrez enfrentó una condena inicial de 30 años, la cual fue anulada por la Corte de Apelación debido a irregularidades en el juicio. Pasó más de dos años y medio encarcelado, y en mayo de 2017 fue absuelto completamente de todos los cargos.
SUFRIMIENTO Y RESISTENCIA
Durante su reclusión, Gutiérrez realizó una huelga de hambre, sufrió intentos de asesinato dentro del penal y fue privado de ver a su hija recién nacida. Aunque denunció a varios jueces y fiscales por corrupción y manipulación judicial, sus quejas fueron ignoras en su momento. Años más tarde, algunos de esos funcionarios fueron expulsados del Poder Judicial por faltas graves.
En agosto de 2020, Gutiérrez interpuso una demanda por RD$100 millones contra el Estado dominicano, alegando daños morales, físicos y económicos. En su fallo, el Tribunal Superior Administrativo reconoció que fue víctima de violaciones a sus derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso y la libertad personal.
UN PRECEDENTE EN LA JUSTICIA DOMINICANA
La sentencia de la Suprema Corte no solo ratifica la responsabilidad del Estado, sino que envía un mensaje contundente sobre la necesidad de fortalecer las garantías procesales y evitar que los ciudadanos sean privados de libertad sin pruebas suficientes.
“Este caso marca un antes y un después en la lucha contra los abusos judiciales. Es una victoria moral para quienes creen en la justicia y en la defensa de los derechos humanos”, concluyó Gutiérrez.
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